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José Mario

@JoseMarioMX

Abogado. Ciudadano. Presidente de @PertenecesAC.

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ADN Opinión@ADNOpinion·14h

Trump perdió el control del Congreso, pero conserva facultades importantes. ¿Qué tanto limita este resultado su poder y qué consecuencias tendrá para el futuro político de Estados Unidos? @PabloHiriart conversa con los abogados @JoseMarioMX y @Mcalaram. Por @adnnoticiasmx #DecisiónConLibertad live.adn40.mx/

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José Mario@JoseMarioMX·7h

La presidenta Claudia Sheinbaum fue a China y le pidió un oso panda a Xi Jinping. Suena muy simpático, hasta que conocemos la letra pequeña: China ya no regala pandas, los presta. Hay convenios que cuestan un millón de dólares al año por una pareja, más los gastos de mantenimiento. Todavía no sabemos cuánto costaría traer uno a México. ¿No habría sido mejor hacer las cuentas antes de pedirlo? Porque una cosa es la diplomacia y otra muy distinta comprometer el dinero de los mexicanos. El artículo 134 de la Constitución obliga a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez. Si pretenden pagar ese panda con dinero público, que expliquen cuánto costará, qué beneficio justifica el gasto y por qué tendría prioridad frente a tantas necesidades urgentes. Los pandas son maravillosos, pero el presupuesto público no es una chequera para ocurrencias diplomáticas. Antes de presumir un regalo de China, convendría asegurarse de que no terminemos pagándolo nosotros.

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José Mario@JoseMarioMX·7h

Ayer advertíamos sobre un misterio jurídico detrás de una pintura de Frida Kahlo. Hoy la historia dio un giro extraordinario: Christie’s retiró de su subasta en Nueva York Congreso de los pueblos por la paz, valuada hasta en 3.5 millones de dólares. REFORMA revela que la Casa Azul confirmó la existencia de una carpeta de investigación. La obra aparece en un inventario de 1957 vinculado al fideicomiso creado por Diego Rivera, pero décadas después terminó en colecciones privadas. La subasta se detuvo. La pregunta sigue sin respuesta: ¿quién tenía derecho a disponer de esa pintura? Aquí comienza el verdadero debate jurídico. No basta acreditar quién posee una obra: hay que demostrar cómo adquirió legítimamente su propiedad. Si pertenecía al fideicomiso, ¿quién autorizó su salida? ¿Dónde están los documentos de transmisión? ¿Qué responsabilidad tienen quienes debían custodiarla? No podemos presumir un robo, pero tampoco aceptar que una cadena de compraventas borre una posible irregularidad de origen. El mercado del arte puede ponerle precio a Frida Kahlo, pero no puede sustituir al derecho para determinar a quién pertenece su obra. Y si hubo un despojo del patrimonio cultural, la obligación del Estado no termina al suspender una subasta: comienza con investigar y exigir su restitución.

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José Mario@JoseMarioMX·7h

Hoy, la primera plana de El Universal, en una investigación de Everardo Martínez, exhibe algo indignante: el Tren Maya gastó 1,893 millones de pesos en tres meses y apenas ingresó 119 millones por boletos. ¡Casi 16 veces más de lo que recauda! Mientras tanto, hay niños estudiando en escuelas sin agua ni internet, hospitales sin medicamentos, mujeres víctimas de violencia que no encuentran justicia y miles de mexicanos cuyos derechos siguen siendo promesas incumplidas. ¿Cuántas necesidades urgentes podrían atenderse con esos recursos? El problema no es construir ferrocarriles. El problema es seguir destinando miles de millones a una obra sin demostrar que sus beneficios sociales justifican semejante costo. Una y otra vez aparecen investigaciones sobre sus pérdidas, mientras los recursos públicos siguen fluyendo. ¿Dónde están los contrapesos? ¿Quién exige resultados? ¿Quién puede detener el despilfarro? Hemos terminado por normalizar lo intolerable: que en un país de enormes desigualdades las obras monumentales parezcan importar más que los derechos fundamentales de las personas. La Cuarta Transformación llegó prometiendo acabar con el despilfarro y la corrupción. Hoy debe responder por la manera en que administra el dinero de todos. No todo gasto injustificado constituye un delito, pero desperdiciar recursos públicos sin rendir cuentas también representa una gravísima forma de irresponsabilidad gubernamental. El artículo 134 constitucional exige eficiencia, eficacia y transparencia. ¿De qué sirve presumir un tren monumental cuando millones de mexicanos siguen esperando una escuela digna, un médico que los atienda o una justicia que funcione? La verdadera transformación no se mide en kilómetros de vías, sino en derechos que se hacen realidad.

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José Mario@JoseMarioMX·7h

En menos de una semana fallaron Microsoft, grandes bancos, aerolíneas, Apple y hasta sistemas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La Jornada advierte sobre la fragilidad tecnológica de la que depende buena parte del mundo. En México, la suspensión de vuelos afectó a 18 mil personas. No necesitamos sufrir un ataque cibernético para descubrir que millones de ciudadanos pueden quedar indefensos cuando la tecnología falla. ¿Y México? Desde diciembre de 2025 tenemos una Política General de Ciberseguridad con obligaciones y plazos que ya vencieron. ¿Qué ha cumplido la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Peña Merino? ¿Quién garantiza que los hospitales, bancos, tribunales y servicios públicos puedan seguir funcionando ante una crisis de esta magnitud? ¿Tenemos un sistema nacional de respuesta o solamente documentos, programas y buenas intenciones?

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José Mario@JoseMarioMX·7h

Un presidente gana las elecciones y, dos años después, los ciudadanos le quitan el control del Congreso. ¡Eso también es democracia! En Decisión con Libertad, por @ADNOpinion, conversamos con @PabloHiriart y @Mcalaram sobre la derrota legislativa de Trump, el poder del voto y la importancia de los contrapesos para evitar la concentración del poder. Planteé que Trump conserva importantes facultades presidenciales, pero ahora deberá enfrentar a un Congreso con una mayoría distinta. Para México, esto significa negociar con dos poderes en temas cruciales: migración, narcotráfico y T-MEC. ¿Qué lección nos deja esta elección rumbo a 2027? ¿Estamos construyendo una democracia con verdaderos contrapesos? Los invito a ver el programa y a compartir sus reflexiones. ¡Los leo! youtu.be/95cBcLrzdSE?si=uBU2…

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José Mario@JoseMarioMX·8h

¿Y si estamos peleándonos por una democracia que la inteligencia artificial podría volver irrelevante? Acabo de escuchar una entrevista extraordinaria de Dwarkesh Patel (@dwarkesh_sp), en @dwarkeshpodcast, a Paul Christiano (@paulfchristiano), investigador pionero en seguridad de inteligencia artificial y miembro del consejo de OpenAI. Su advertencia es estremecedora: considera posible que en los próximos doce meses surja una superinteligencia capaz de superar el control humano, infiltrarse en infraestructuras críticas, manipular información e incluso desplazar gobiernos. No asegura que ocurrirá, pero estima que el riesgo es suficientemente grave para exigir medidas inmediatas. Estamos hablando de algo mucho más profundo que máquinas inteligentes: la posibilidad de que los seres humanos perdamos la capacidad de gobernarnos. Y mientras esta discusión ocurre en los centros tecnológicos más importantes del mundo, en México estamos preparando las elecciones de 2027, una de las mayores de nuestra historia: 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y miles de cargos públicos. Aquí seguimos enfrascados en la repartición de candidaturas, las alianzas, el dinero de las campañas, las cuotas de poder y quién se quedará con cada pedazo del presupuesto. Nos desgarramos las vestiduras por quién ocupará la silla, mientras en otras partes del mundo están discutiendo si pronto habrá una inteligencia capaz de quitarle a esa silla todo su poder. Es como discutir apasionadamente quién será el capitán del barco mientras ignoramos que alguien más está construyendo un sistema capaz de controlar el timón. La paradoja es brutal. Seguimos pensando que la democracia se agota en depositar votos en una urna y contarlos correctamente. Por supuesto que eso es indispensable, pero la democracia también exige que quienes reciben el mandato popular conserven la capacidad real de gobernar y que los ciudadanos puedan exigirles cuentas. ¿De qué serviría ganar una elección si las decisiones fundamentales terminaran en manos de sistemas que nadie puede controlar? Estamos discutiendo la distribución del poder del siglo XX mientras el poder del siglo XXI se está construyendo prácticamente sin debate público, sin contrapesos suficientes y sin una reflexión constitucional a su altura. Quizá el mayor peligro para nuestra democracia no sea que alguien se robe los votos, sino que un día los contemos perfectamente y descubramos que ya no sirven para decidir quién tiene realmente el poder. youtu.be/SyHM5hNPAEo?si=txCe…

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José Mario@JoseMarioMX·17h

La @SCJN acaba de resolver un caso que afecta la privacidad de millones de mexicanos. Cada llamada que hacemos deja un rastro: con quién nos comunicamos, cuándo, cuánto tiempo y desde dónde. Hoy, al resolver el amparo en revisión 193/2026, la Corte avaló que las compañías telefónicas conserven esos registros hasta por DOS AÑOS, aunque sus titulares no estén siendo investigados. ¿Cómo justificó constitucionalmente una medida de esta magnitud? Estos fueron los principales argumentos jurídicos: 🔵 La privacidad no es absoluta. La Constitución permite establecer límites para proteger la seguridad pública e investigar delitos. Para la Corte, esas finalidades justifican la medida. 🟢 No se conserva el contenido de las conversaciones. La ley obliga a guardar metadatos: información sobre las comunicaciones, no lo que las personas dijeron. La Corte considera fundamental esta diferencia. 🟡 La ley establece límites. Define qué información puede conservarse, durante cuánto tiempo y bajo qué obligaciones de seguridad y confidencialidad. 🟠 La información no puede utilizarse para cualquier propósito. Su conservación debe servir a los fines legales de seguridad y justicia, y existen prohibiciones y sanciones contra su uso indebido. 🔴 El acceso requiere control judicial. Las autoridades no pueden consultar libremente las llamadas registradas. Deben justificar su solicitud y sujetarse a la autorización judicial federal y a las excepciones legales aplicables. 🟣 Geolocalizar no equivale a escuchar conversaciones. La Corte distinguió la ubicación de un celular de la intervención de comunicaciones y sostuvo que debe sujetarse a los requisitos constitucionales y legales correspondientes. 🔵 El temor a ser vigilado no basta. La Corte consideró que la sola conservación de registros no demuestra, por sí misma, una afectación real a la libertad de expresión o de asociación. Pero queda una pregunta constitucional enorme: ¿por qué es necesario conservar durante DOS AÑOS los datos de millones de personas que no están siendo investigadas? La Corte justificó ampliamente los controles para acceder a la información, pero no desarrolló con el mismo rigor por qué debe almacenarse indiscriminadamente. Que un juez autorice abrir una base de datos no demuestra, por sí solo, que sea constitucional obligar a construirla. La seguridad pública es indispensable, pero la privacidad también es un derecho fundamental. El verdadero Estado de derecho no consiste en escoger entre seguridad y libertad, sino en impedir que la primera se convierta en una justificación ilimitada para restringir la segunda.

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José Mario@JoseMarioMX·Nov 17

Agradezco a @UnoNoticias y al periodista @GustavoCastillo la invitación para conversar sobre las investigaciones que involucran a Guadalupe Taddei y las presuntas irregularidades en contrataciones del @INEMexico por casi 2,500 millones de pesos. La pregunta es fundamental: ¿estamos frente a un verdadero esfuerzo por combatir la corrupción o terminará todo con una multa, una inhabilitación y ninguna responsabilidad penal? En la entrevista sostuve que, si se acreditan delitos como cohecho, asociación delictuosa u operaciones con recursos de procedencia ilícita, las consecuencias podrían alcanzar varias décadas de prisión. Pero lo verdaderamente grave sería que, existiendo pruebas suficientes, nadie terminara ante un juez. La corrupción no se combate con simulaciones ni sanciones de aparador. Se combate investigando, siguiendo el dinero y llevando a los responsables ante la justicia. Sin consecuencias penales cuando se acreditan delitos, la impunidad sigue siendo la regla. youtu.be/ola2qnFq9pc?si=p5-U…

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José Mario@JoseMarioMX·Nov 17

La portada de @TheEconomist sobre 2027 parece una radiografía del mundo que viene: guerras, misiles, mercados en caída, inteligencia artificial, vigilancia masiva, incendios y líderes disputándose el poder. Pero detrás de esas imágenes hay una advertencia mucho más profunda: estamos entrando en una época en la que la fuerza militar, el dinero y la tecnología amenazan con avanzar más rápido que las leyes y las instituciones capaces de ponerles límites. El gran peligro no es solamente la crisis internacional, sino que el poder termine imponiéndose sobre el derecho.

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José Mario@JoseMarioMX·Nov 17

Hoy, la primera plana de @Reporte_Indigo exhibe una de las caras más graves de la impunidad en México: se denuncian irregularidades de funcionarios públicos, se abren miles de investigaciones, pero muy pocos casos llegan ante un juez penal. De 245 mil quejas recibidas, más de 230 mil derivaron en investigaciones formales. El Estado recibe denuncias, abre expedientes, acumula documentos… pero investigar no es hacer justicia. El dato verdaderamente alarmante está en la vía penal. En otro balance oficial, el Gobierno reportó 517 denuncias penales contra servidores públicos, pero apenas 53 vinculaciones a proceso. No toda irregularidad administrativa constituye un delito, pero cuando hay indicios de peculado, cohecho o abuso de funciones, la obligación del Estado es investigar con rigor, reunir pruebas y construir casos capaces de sostenerse ante los tribunales. ¿De qué sirve descubrir la corrupción si las instituciones no consiguen llevarla ante la justicia penal?

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José Mario@JoseMarioMX·Nov 17

La primera plana de Diario Imagen revela una transformación gigantesca: ocho de cada diez universitarios encuestados ya utilizan inteligencia artificial para elaborar textos. Pero el verdadero escándalo no es que los jóvenes usen ChatGPT. Es que México está entrando a una revolución educativa mientras miles de estudiantes enfrentan escuelas sin conectividad, carencias tecnológicas y profesores sin capacitación suficiente. Estamos ante el riesgo de convertir la desigualdad económica en una desigualdad del conocimiento. Unos aprenderán a dominar la tecnología; otros quedarán condenados a competir sin las mismas herramientas. El artículo 3º constitucional no garantiza simplemente un pupitre, un maestro o un título universitario. Garantiza el derecho a una educación equitativa que desarrolle capacidades, conocimiento y pensamiento crítico. Si el Estado no asegura las condiciones para aprovechar esta revolución, estará incumpliendo una obligación constitucional fundamental. Y si confundimos entregar tareas elaboradas por máquinas con aprender, terminaremos expidiendo títulos sin garantizar conocimientos. La tragedia no sería que la inteligencia artificial sustituyera a los estudiantes, sino que el Estado renunciara a enseñarles a pensar. La educación es un derecho humano, no un privilegio reservado para quienes pueden pagar el futuro.

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José Mario@JoseMarioMX·Nov 17

Nuestro teléfono se ha convertido en el registro más íntimo de nuestra vida. Hoy, la @SCJN discutirá un proyecto de la ministra María Estela Ríos que propone avalar la conservación obligatoria de nuestros datos telefónicos durante 24 meses y la geolocalización en tiempo real. El problema es enorme: el Estado puede conocer aspectos de nuestra vida privada sin necesidad de escuchar una sola conversación. Saber con quién hablamos, cuándo lo hacemos y dónde nos encontramos permite reconstruir nuestras relaciones, movimientos y hábitos. La ministra sostiene que estos datos no equivalen al contenido de las comunicaciones y que localizar un celular no exige, por sí mismo, autorización judicial. Es una visión preocupantemente limitada de la privacidad. El artículo 16 constitucional protege mucho más que nuestras palabras. Combatir la delincuencia es indispensable, pero no justifica cualquier intervención del Estado. Aunque el acceso a los registros conservados requiere control judicial, queda una pregunta constitucional de fondo: ¿por qué conservar indiscriminadamente los rastros de millones de personas para investigar a unas cuantas? La seguridad exige necesidad, proporcionalidad y controles efectivos. Una democracia no puede acostumbrarse a tratar la vida privada de todos como información disponible para futuras investigaciones. La seguridad debe proteger nuestra libertad, no convertirla en objeto de vigilancia.

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